Sin duda alguna los trabajadores judiciales tienen motivaciones legítimas, plenamente justificadas, más que razonables y de vieja data para haberse declarado en Asamblea Permanente exigiendo soluciones de fondo, respecto al recorte presupuestal de la Rama Judicial y del recorte de personal que limita sustancialmente las condiciones operativas de los Juzgados, sobre cargando laboralmente a unos funcionarios que terminan excedidos humanamente en sus capacidades para atender el volumen de trabajo que se les vino encima.
Paro de actividades que obligó a parar consecuentemente a los mismos Jueces de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad (JEPMS), primero en el circuito judicial de Bogotá, luego en otros circuitos judiciales del país; quienes se sumaron a la exigencia al Ejecutivo de un rubro suficiente que resuelva no transitoriamente toda esta problemática. Y al parecer la ocasión propicia para visibilizar y reposicionar esta lucha fue justo el momento en que los JEPMS debían aplicar la Ley 1820 del 30-12-16 o Ley de Amnistías e Indultos, otorgando los beneficios respectivos a las y los presos políticos de las FARC-EP.
Frenar la aplicación de la Ley de Indulto y Amnistías no sólo frenó las libertades condicionadas, amnistias de iure, traslados a zonas veredales transitorias de normalización (ZVTN) de las y los guerrilleros presos y la materialización de los Indultos otorgados por el gobierno Santos; sino que implicó dejar en el limbo la seguridad jurídica de las y los combatientes de las FARC-EP agrupados en las ZVTN y Puntos Transitorios de Normalización (PTN), en proceso de dejación de las armas y de reincorporación a la civilidad. Y por tanto, sembraron temor y dudas en las bases insurgentes y obligaron al Secretariado a relantizar el cumplimiento de sus compromisos en espera de recuperar la confianza perdida.
Es decir, que la «lectura» de la coyuntura y el «aprovechamiento» de esa «ocasión» o «momento propicio» por parte de los trabajadores judiciales y los JEPMS, capturó y retuvo el proceso de paz en su conjunto por cuanto frenó los Acuerdos de Paz de La Habana en su difícil, compleja y delicada fase de la Implementación. Pero peor aún, la prolongación en el tiempo de tal situación significa un verdadero SECUESTRO DEL PROCESO DE PAZ.
Sin embargo es indispensable dar a conocer a la opinión pública nacional e internacional ciertos detalles y por menores de la coyuntura, para que se comprenda que dicho «secuestro» que obstaculiza e impide por parte de los judiciales en paro el avance y la consolidación de la paz para las y los colombianos, es consecuencia de la actitud oportunista y manipuladora de ASONAL JUDICIAL, así como de la actitud mezquina de varios de los jueces de ejecución de penas y medidas de seguridad que pezcan en río revuelto a favor de la ultra derecha y se oponen de manera pusilánime al clamor de paz de la nación colombiana, aferrándose al derecho penal del Enemigo con que «administraron justicia» para la guerra, de modo que siguen interpretando la ley (en particular la 1820 que es una ley de justicia para la paz) con espíritu contrainsurgente, demostrando su pequeñez histórica incapaces de ponerse en sintonía con un momento de transición que exige deponer las armas de los alzados, cesar su uso de parte de las FF.AA. del Estado, sino también renunciar de parte de las demás ramas del poder público a la idea de la «derrota» de los insurrectos.
El día 21 de febrero de 2017 circula una nota de prensa en que los jueces de ejecución de penas y medidas de seguridad de Bogotá, a través de la doctora Shirley Del Valle Albarracin, juez de ejecución de penas, expresan que existe una “enorme preocupación porque en este momento estamos frente a una imposibilidad de cumplir con los términos que nos señalan en el Decreto 277 de 2017” (el cual reglamenta la ley 1820).
Declaraciones dadas en el marco de un plantón con que los jueces de ejecución de penas de Bogotá, solicitaron al Gobierno Nacional que asignen recursos para poder tramitar las peticiones de amnistía de iure que serían otorgadas a miembros de las FARC en reclusión.
»Esto dado a que -señalaba la nota de prensa-, se les establece un máximo de 10 días hábiles para tramitar y fallar las peticiones de amnistía, y según la funcionaria (Shirley Del Valle Albarracin): “en este momento manejamos 56 mil procesos y hay 6500 personas privadas de la Libertad por delitos políticos y conexos en Bogotá”».
Y señaló también que “esto implicaría un esfuerzo sobre humano, imposible de resistir con el personal que tenemos. En el centro de Servicios sólo hay 62 personas”.
Fue así como el día 8 de marzo del presente año los presos políticos de las FARC-EP dirigimos una Carta Pública a los JEPMS de Bogotá, expresando que:
«Las y los presos políticos de las FARC-EP comprendemos las necesidades y las justas y sentidas reclamaciones de los funcionarios públicos de la Rama Judicial, que hoy se levantan en pie de lucha para exigir del gobierno nacional las soluciones laborales, salariales y presupuestales que se requieren con urgencia. De manera que mal haríamos nosotros con expresar algún tipo de descontento con la Jornada de Paro a la que recién han entrado, aprovechando la coyuntura política para arrebatarle al régimen algunas conquistas que dignifiquen su condición y optimicen su función pública».
Comunicado en el que a paso seguido advertíamos de los riesgos de obstaculizar el proceso de paz, por lo cual los interpelábamos para buscar soluciones que permitieran conquistar sus justos reclamos sumando esfuerzos a la implementación de los Acuerdos de La Habana. Ideas expresadas en los siguientes términos:
«Pero también queremos hacer un llamado a la reflexión para que su justa lucha y acción, antes que sumar a los retrasos y las dificultades sistemáticas impuestas por el ejecutivo a la implementación de los Acuerdos de Paz de La Habana; su legitima jornada sume y aporte a la construcción de esa Colombia en Paz con Justicia Social que ustedes como nosotros anhelamos, en particular, aportando alternativas de solución con lo correspondiente a la aplicación de la Ley 1820 del 30-12-16 o ley de indulto y amnistías, que da las garantías judiciales a los excombatientes comprometidos a fondo y sin mezquindades con el paso a la civilidad, la acción política legal y democrática, la reincorporación social y económica como parte de nuestro aporte a la construcción de esa Nueva Colombia».
Esta carta pública dejo las puertas abiertas para dialogar y consensuar propuestas y alternativas de solución apelando a la «grandeza de patria» que suponíamos nos debe mover a todos por igual en momentos que se construyen las bases de la reconstrucción y la reconciliación nacional.
Efectivamente, el día 27 de marzo se logra materializar en el Complejo Penitenciario Metropolitano de Bogotá COMEB PICOTA, un encuentro no formal entre los voceros del Colectivo Domingo Biohó de los presos políticos de las FARC-EP concentrados en el patio 4 del penal, y dos juezas representantes de los JEPMS de Bogotá, junto a un dirigente sindical judicial y un abogado defensor de DD.HH. (doctor Uldarico Florez) quien sirvió de facilitador de tal encuentro.
Allí se tuvo un diálogo respetuoso, ilustrativo, comprensivo en el que las juezas y el dirigente sindical fueron enfáticos, por una parte, en señalar la magnitud de la problemática que los movía de tiempo atrás a adelantar esta clase de jornadas de lucha sin clave de solución por parte del Ejecutivo; y por otra parte, en señalar que por tanto no se trataba de un aprovechamiento oportunista de la coyuntura, ni se trataba de querer ser el palo en la rueda de la paz. Solicitando textual y explícitamente de parte de las y los presos políticos de las FARC nuestro apoyo en su lucha, así como nuestra intermediación para que el Secretariado del Estado Mayor Central exigiera del gobierno las soluciones a sus reclamos. (Valga recordar que justo trascendía en los medios el llamado «cónclave» entre el Secretariado y el gobierno Santos que evaluaba en Cartagena los primeros 100 días de implementacion del Acuerdo).
Si bien nos llamó la atención que durante el encuentro, cuando propusimos alternativas que agilizaran la aplicación de la Ley 1820 las juezas fueron renuentes a las diferentes propuestas, nos mantuvimos fieles a lo expresado en nuestra carta del 8 de marzo, comprensivos y condescendientes con las problemáticas de los JEPMS y frente a lo manifestado por sus representantes en el encuentro con nosotros, y difundimos el día 28 de marzo una nueva carta pública intitulada «La implementación de los acuerdos pasa inexorablemente por el robustecimiento de la justicia».
En ella, exigimos categóricamente del gobierno Santos atención inmediata y soluciones urgentes a los justos reclamos de los jueces y trabajadores judiciales, como garantía de continuidad en la implementación del Acuerdo de Paz. Dicho de la siguiente manera:
«Señor gobierno, señor ministro de Hacienda, llego la hora, el momento de inyectar todos los recursos necesarios a esta rama, que la justicia sea la garante, que ella tenga las garras para hacer cumplir los acuerdos; que sirva este momento para reflexionar que al interior de las cárceles hay mas de 120 mil personas, que en prisión domiciliaria hay 50 mil más, que son miles los procesos, eso requiere ya una solución de fondo, no de momento y mucho menos de forma; el reclamo de los trabajadores del sector judicial es justo y como presos políticos lo apoyamos, aquí quien debe garantizar que lo acordado se lleve a cabo sin alteración de los cronogramas es el gobierno, así que solucione, dele a los obreros garantías dignas para laborar. Si en verdad se tiene un premio Nobel de paz y se Pregona sobre ella hágala con todos, aquí en prisión no solo estamos los miembros de las FARC, hay otros miles que requieren soluciones a sus problematicas con una óptima justicia».
Y tal como lo hicimos en nuestra primera carta pública, aquí de nuevo le digimos a los jueces y trabajadores judiciales que «Exhortamos igualmente a todo el sector judicial, llamase fiscales y jueces a no dilatar mas nuestra liberación; que adoptadas las medidas peticionadas por ustedes no se le pongan trabas, talanqueras y trámites innecesarios a nuestra salida, la ley es clara y mas su decreto reglamentario no hagamos mas gravoso el recobrar nuestra anhelada libertad».
El presidente Santos atiende el llamado y en comunicado público del mismo día 28 de marzo, entre otros aspectos, el Ministro de justicia Enrique Gil Botero, anunció que «el Gobierno Nacional y el Consejo Superior de la Judicatura acordaron que se adicionará al presupuesto general la suma de 5.000 millones de pesos con destinación a los centros de servicios de los juzgados de ejecución de penas del país».
La decisión pretendía dar cumplimiento a los compromisos de paz adquiridos por el Gobierno Nacional, en especial, para la aplicación de las amnistías e indultos de los integrantes de las FARC-EP.
Según nota de prensa «El Ministro Gil afirmó que este compromiso se enmarca dentro del propósito de garantizar los servicios de justicia a la ciudadanía en el posacuerdo». Mitigando la problemática judicial, en aras de crear las condiciones para el levantamiento del paro.
Finalmente el día viernes 31 de marzo, los voceros del Colectivo Domingo Biohó de presos políticos de las FARC, recibimos la visita del señor Fredy Machado, presidente de ASONAL JUDICIAL quien el fin de semana anterior (durante el cónclave gobierno-farc en Cartagena) estuvo haciendo luowy sin éxito para ser recibído por los voceros de paz de las FARC.
Escuchamos sus planteamientos y propuestas, notando perfectamente que al igual que las doctoras juezas de ejecución de penas de Bogotá, centró su exposición en «sus» problemáticas sin referirse al necesario tema de la aplicación de la ley 1820 ni sobre la aplicación de los beneficios jurídicos especiales que constituyen la seguridad jurídica de los insurgentes en proceso de reincorporación. Pero de nuevo pedía «nuestro» apoyo como presos políticos y como FARC para arrebatar al gobierno nacional las soluciones que los judiciales exigen.
Saturados de la actitud «oportunista» y «manipuladora» se le manifiesta a este dirigente sindical judicial, con respeto pero sin tapujos nuestro «memorial de agravios», entre los cuales se relievó la actitud guerrerista, hostil, ofensiva, provocadora y vengativa de la jueza 29 de ejecución de penas y medidas de seguridad de Bogotá, quien vino al penal ese miércoles anterior a atender a los internos a quienes vigila la pena, manifestándole a los presos políticos de las FARC-EP que «si por ella fuera no le daría ningún beneficio a ningún asesino y terrorista, para los que prefería dejarlos podrir en la cárcel», entre otros insultos más; y el presidente sindical se va sin más.
Casi cuatro (4) meses después de promulgada y sancionada la primera Ley, del conjunto de leyes que buscan poner en marcha la implementación de los Acuerdos de Paz de La Habana, luego que los jueces negaron predominantemente las solicitudes de beneficios de los presos políticos, argullendo toda clase de exabruptos contrarios al principio de favorabilidad, y transcurridos un (1) mes y medio desde el inicio del paro de los JEPMS, el resultado general es el siguiente:
De 400 posibles indultos anunciados públicamente por el gobierno a mediados de diciembre de 2016, se notificaron solamente alrededor de 120, de los cuales se hicieron efectivos cerca de 90 solamente.
De 2.736 nombres de prisioneras y presos políticos de las FARC-EP que hemos entregado al gobierno, este nos ha entregado 1.080 certificaciones.
Han salido por amnistia de iure 132 compañeros, 22 han salido por libertades condicionadas, 38 autorizaciones de traslado a zvtn (de estas nunguna se ha hecho efectiva, los estan moviendo a Picota y de ahi salen a Mesetas, esperamos que eso se de esta semana)
A su vez las principales problemáticas son tres (3):
La Oficina del Alto Comisionado no ha hecho entrega de las certificaciones de la totalidad de prisioneros que hemos entregado formalmente en los listados.
La Secretaria Ejecutiva de la JEP esta paralizada y no han suscrito actas de compromiso desde hace 3 semanas.
Los juzgados de Tunja, Bogotá, Cali e Ibague siguen cerrados.
Múltiples riesgos y amenazas se ciñen contra la implementación de los Acuerdos de Paz de La Habana, poniendo sobre una cuerda floja los anhelos de paz del pueblo colombiano:
De una parte los incumplimientos y retrazos de todo orden por parte del gobierno de Juan Manuel Santos a los acuerdos firmados y refrendados.
Por otra parte los intentos de modificación de los contenidos y del espíritu del Acuerdo de Paz, mediante la legislación «contrainsurgente» que ha emprendido en Congreso de la República mediante el fast track.
Así mismo «el secuestro del proceso de paz» por parte de la Rama Judicial con todo lo expuesto acá.
Los sabotajes políticos y mediáticos contra el proceso de paz de la mal llamada «oposición», que no es más que el sector más retardatario y recalcitrante de la clase dominante que se ha lucrado de la guerra y teme comparecer ante los tribunales de la JEP. Ultra derecha cuyo último ataque a la paz consistió en la visita vergonzante y apátrida de los expresidentes Uribe y Pastrana a Donald Trump.
Y por último, la repotenciación y expansión del paramilitarismo a nivel nacional con su dolorosa y brutal estela de sangre, en el inicio de un nuevo genocidio contra los líderes, dirigentes, militantes y las bases de los movimientos sociales y populares que cuentan en lo reciente con varios cientos de muertos, víctimas de atentados, desaparecidos, amenazados y desplazados ante la mirada cómplice e indiferente del Sátrapa Presidente Premio Nobel de Paz.
Ante semejante panorama urge un decidido y amplio respaldo de la comunidad internacional a los Acuerdos de Paz.
Una mayor y contundente presencia de los países garantes y acompañantes en la implementación de los Acuerdos.
Y una defensa masiva y unitaria de todos los sectores políticos de izquierda, de los movimientos sociales y populares, de la ciudadanía en general que exija y presione al gobierno y demás ramas del Estado el respeto a lo acordado y refrendado, así como su implementación integral.
COLECTIVO DE PRESOS POLITICOS DE LAS FARC-EP COLUMNA DOMINGO BIOHO
PATIO 4 LA PICOTA.
Bogotá 17 de abril de 2017.
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