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PROCESOS DE ORGANIZACIÓN DE LUCHA CARCELARIA EN COLOMBIA

Ninguna condena y ninguna cárcel será capaz de cambiar nuestra opción. La opción del ataque permanente sigue en vigencia hasta el fin… C.F. 

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Los procesos de organización al interior de las cárceles en Colombia han configurado uno de los elementos menos tratados en la historia de lucha y la confrontación política y social  de los movimientos revolucionarios, las reivindicaciones y las propias dinámicas de los individuos.

A pesar de las diferentes y variadas formas de organización  que pueden surgir en una prisión, como los denominados grupos generacionales que se constituyen en “combos”  “pandillas” o “parches” y sin tintes ideológicos o reivindicativos, en este caso especifico, el artículo se perfila hacia formas de organización que posean un andamiaje ideológico y pasen del simple espontaneismo o la organización funcionalista, a la acción constante y permanente contra el régimen carcelario.

Por lo cual, se hace necesario  la compresión de los procesos organizativos  en las cárceles a partir de la diferencia  entre posibles acciones  que surgen desde la espontaneidad como los motines, disturbios entre otros,  y no espontaneas como pueden ser la consecución de mejoras a partir de huelgas, desobediencias y retenciones con fines políticos. A pesar que los anteriores factores también pueden ser desarrolladas por formas de organización  como los “caciquismos”, estos carecen de sentidos trasformadores y son provocados  a partir de los propios intereses de la “pandilla” o del autoritarismo que maneja el “cacique” a partir del miedo y la coacción, punto fundamental y diferenciador con las formas organizativas aquí desarrolladas.

En concordancia, estas formas de organización no tienen un punto único de causa y nacimiento, más bien en él, confluyen varios elementos que posibilitan su existencia, la fortalecen y le otorgan aires de pluralidad y dialogo entre los diferentes sectores de lucha.

En se sentido, las condiciones en que el sistema carcelario subyuga y somete los detenidos mediante férreos controles y adoctrinamientos, un hacinamiento constante,  problemas de salubridad, falta de atención jurídica y maltratos por parte de la guardia entre otros, no estaban por fuera de estas causas que posibilitarían dicho crecimiento. A la par, la contextualización política del país en el cual, el aumento de la fuerza narcotraficante en vastos sectores del Estado y la política pública,  la configuración de fuerzas revolucionarias armadas de varios tintes y afinidades políticas, y el surgimiento y fortalecimiento de los escuadrones de la muerte o paramilitares, al igual que las redes de microtráfico y pandillismo, contribuirían en un entramado sin igual, que dejará como resultado sendos enfrentamientos armados al interior de las cárceles.

Esta configuración determinaría uno de los principales ejes de organización al interior de las mismas como medio de defensa frente a los ataques de organizaciones narcotraficantes y paramilitares por el control general de las prisiones, en términos en que estas podían convertirse en espacios de tráfico de droga y difusión de tendencias antiguerrilleras como parte de una estrategia estatal de reproducción  del conflicto armando al interior en tiempos en los que las organizaciones de presos se fortalecían y  por lo cual, estas últimas debían ser eliminadas.

Ante esta amenaza, los grupos guerrilleros optarían por conformar grupos al interior de las prisiones tanto de vigilancia nocturna como de colectivos reconocidos tanto por los grupos creados por los “caciques” como por los procesos sociales en general.

La propuesta pasaría de la defensa al ataque desde un sentido amplio. Para evitar el derramamiento de sangre, estos colectivos o grupos que nacieron desde una necesidad de afrontar armadamente al enemigo, unificarían grupos más amplios  creando espacios de debate y discusión con el fin de terminar con la guerra interna.

Realmente, las colectividades guerrilleras junto a los presos de carácter social y el conjunto de presos políticos, originarían las denominadas mesas de trabajo que luego se configurarían hasta niveles nacionales.

Estas mesas de trabajo a pesar de tener fuerte presencia de grupos revolucionarios (ELN- FARC- EPL y Quintín Lame), estaban dispuestos a  minimizar los intereses propios de cada organización para dotar de un ambiente de participación y activismo en dichas mesas, dejando la política sectorial de lado y  optando por generar propuestas para atacar problemáticas relacionadas con las condiciones carcelarias en general.

Ante este panorama, el gobierno aceptaría la instauración de dichas mesas en parte porque era funcional para generar un orden interno y por otro acabar con las noticias y la opinión pública sobre la pésima administración de las cárceles. Aunque realmente las causas estaban dadas a la presión generada por los diferentes colectivos y grupos políticos, por lo cual, aceptarían algunas resoluciones de dichas mesas en las que se exponían las principales reivindicaciones.

El contexto carcelario empezaría un cambio trascendental con la política gubernamental de Pastrana  iniciándose así el establecimiento y adaptación de la política carcelaria del Buro Federal de los Estados Unidos junto a  la implantación  de Plan Colombia, el cual específicamente contenía la política carcelaria en la cual el sector privado podría entrar a administrar y/o  vigilar  cárceles, permitiendo por ejemplo que grupos paramilitares cumpliesen dicha labor.

Mientras tanto, la labor de las mesas continuaba en ascenso, a tal punto que con la  resolución del 99, un documento emitido por estas,  fomentaba no solo los acuerdos internos para las cárceles sino que se promovía la crítica y la propuesta unificada en torno al cambio estructural de la prisión, proponiendo la eliminación del hacinamiento con la puesta en libertad de gran parte de los sindicados, la integración de parte del empresariado para la formación laboral al interior de las prisiones (esta iniciativa aceptada a regañadientes por parte de algunas organizaciones subversivas),  la prohibición de llevar detenidos rurales a centros urbanos y la promoción de mesas y comisiones en cárceles enfocadas hacia la educación, la ayuda jurídica, la salubridad, la atención medica, y la alimentación etc.

Los procesos de organización específicamente se hacían  por una suerte de elección o  consenso de personas que tuviesen un perfil social y reflexivo en torno a las temáticas propias de las cárceles. Así pues, se elaboraba una serie de condiciones sobre la posible elección  de los miembros por pabellón y luego por patios (condiciones como la labor social, el trabajo comunitario etc.),  y los cuales oscilaban entre  3 y 5 personas.  Para tales elecciones se disponía de un comité formado por organismos como la Personería, la Defensoría del Pueblo  y delegados de los presos  para una vigilancia estricta en caso de votaciones.

Así pues, el número promedio de constitución de una mesa de trabajo por cárcel estaba determinada por 10 miembros delegados de diferentes patios y pabellones para la discusión y toma de decisiones directamente.

En cárceles como la Modelo,  las decisiones eran en su mayoría consensuadas y las reuniones se generaban  en pabellones de alta seguridad en tanto eran espacios ´más “neutrales”. En esta cárcel,  se tomaban decisiones como huelgas de hambre, asambleas informativas, cede de actividades  lúdicas y de trabajo, estados de alerta, el no ingreso de cuerpos de custodia  a los patios de concentración y retención voluntaria de mujeres  en los días de visita como forma de solidaridad de ellas mismas hacia sus compañeros.

Así pues, en diálogos con otras penitenciarias, se iniciaría la conformación de una mesa regional a la cual asistía un delegado por penitenciaria y luego esta, integraba a su vez, una mesa de carácter nacional.

Otro de los aciertos de esta forma de organización estaba dada hacia la alimentación, la cual en cárceles como Bellavista, Itagüí y la cárcel de mujeres en Medellín, se transformaba  la perspectiva de la pésima alimentación por un menú con 16 posibilidades, contribuyendo en un control sobre la alimentación y el cambio de contratos con las compañías prestamistas de este servicio.

Estas mesas de trabajo, con un fuerte carácter autónomo y regulador del trato suministrado por el sistema penitenciario, constituiría una serie de acuerdos en búsqueda de la  convivencia de los presos, hasta el punto en que cárceles como Itagüí se prohibiría el consumo de estupefacientes, con reacción por parte de los distribuidores al interior reflejado en amenazas a los delegados de las mesas.

En esta misma cárcel se lograría constituir un canal de televisión,  manejando por los propios presos  con énfasis en  educación y el entretenimiento en los días de visita.

En vista de estos cambios generados por las mesas de trabajo desde la base hasta la mesa nacional, la entrada del gobierno de Álvaro Uribe Vélez y su arremetida contra organizaciones alternativas, empezaría un proceso de desarticulación, en principio de la mesa nacional, impidiendo las reuniones  con excusas como la carencia de “viáticos” y “personal para la movilización” de los presos. Luego, a través de la disminución de las mesas locales, debido al traslado de presos reconocidos, (táctica que anteriormente era confrontada con fuertes protestas al interior del penal),  pero luego con amenazas y prohibición de espacios de encuentro.

A pesar del decaimiento de la mesa nacional, de las mesas regionales y la culminación en el 2006 de las  locales, la constitución de organizaciones al interior de las penitenciarías continuaría.

Sin embargo, 6 años antes en un intento de reagrupación de las fuerzas de los  presos políticos  que tenían como punto de referencia las  desobediencias civiles generadas en los  EPCAMS  de Combita, Girón, La Dorada y San Isidro, hasta el 2005, la política represiva promovida por el Estado  con las judicializaciones, los traslados, los aislamientos, las desarticulaciones con la ley de justicia y paz, hasta los traslados masivos generado por pabellones enteros como sucedía  en la Dorada(2006) y Combita (2007), terminarían con una posible articulación de un movimiento Nacional Carcelario.

Aunque la política represiva era constante, varios reductos de organizaciones continuaban desarrollando trabajo, y eran constituidas principalmente por presos políticos los cuales, a la luz de hoy, se denominan como “colectivos”, cuya “dirección” y desarrollo interno es irregular en las penitenciarias, ya que algunos de ellos configuran relaciones de verticalidad e imposición, y otras van más hacia el ámbito de la convivencia y la regulación de temas como la vistas, el consumo de drogas y alcohol.

A ello, es necesario realizar un punto de quiebre en el cual, ciertas normas de convivencia y conducta al interior de los patios escondían  acciones  represivas por parte de la administración  con el fin de contribuir a un ordenamiento de los presos y su respectivo control,  principalmente a cuenta de grupos paramilitares o bandas con control interno.

A pesar de esto, en su mayoría, las colectividades de presos políticos presuponen trabajo social y educativo al interior de las cárceles, llegando a posicionarse en patios determinados como fuerza de cambio en las relaciones internas.

En su gran mayoría, los presos pertenecientes a esas colectividades ven en estas organizaciones la posibilidad y herramienta de lucha contra la propia dinámica carcelaria y en búsqueda de reivindicaciones de tipo social, político entre otras.

Algunos de estos grupos, también presuponen el estudio como fuente de conocimiento y formación, en tanto se constituyen bibliotecas al interior y se intenta mantener la información  con base en periódicos afines a la perspectiva política.

En cárceles como la picota en Bogotá, existen murales de información donde se cuelgan noticias preponderantes.

Por este mismo campo, la constitución de grupos de estudio y la publicación de periódicos como el “faro” han sido un factor de desdoblamiento en la fuerza organizacional de los presos, los cuales observan en organizaciones al exterior elementos de solidaridad activa y revolucionaria en tanto, observan el sistema penitenciario como un sistema de dominación de clase, tendiente a desaparecer en un proceso revolucionario.

Desde esta perspectiva,  las formas de organización de presos en confluencia con organizaciones al exterior,  debe profundizar en elementos  de comunicación, de articulación  y movilización  de los presos  y que posibiliten  escenarios más radicales que la propia “convivencia pacífica” muchas veces utilizado por el propio INPEC como tarea de adoctrinamiento,  o disciplinamiento social, pasando hasta la coordinación de actividades  y reivindicaciones concretas enmarcadas en estrategias revolucionarias.

Cruz Negra Anarquista Bta- Grupo Bifurcación

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