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Primer informe de agresiones de la fuerza pública contra la población civil en Boyacá, en el marco del Paro Nacional

La Misión de Verificación (ad hoc) de derechos humanos en Boyacá se conformó a raíz de la gravedad de las denuncias recibidas por diferentes organizaciones, remitidas por pobladores de la zona que participan en el paro nacional agrario desde el pasado 19 de agosto.

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Durante su recorrido por la región, los días 24 y 25 de agosto, la misión cumplió con su objetivo principal de documentar de primera mano y los recibir testimonios y denuncias de campesinos y campesinas, los cuales dan cuenta de graves violaciones a los derechos humanos y la comisión de crímenes internacionales por parte de la fuerza pública en un contexto de ataques generalizados contra la población civil como manera de reprimir la protesta ciudadana.

Es de recalcar que los hechos recogidos en este informe se presentaron en el marco de declaraciones públicas –emitidas antes y después de la hora cero del paro nacional agrario– por parte de diferentes funcionarios, civiles y policiales, que tienen capacidad de mando sobre los miembros del Escuadrón Móvil Antidisturbios (ESMAD) y la Fuerza Disponible de la Policía, entre quienes se cuentan el propio presidente de la República, Juan Manuel Santos; el ministro de Defensa, Juan Carlos Pinzón, y el director general de la Policía, Rodolfo Palomino, quienes ordenaron reprimir todo intento de bloqueo de vías, órdenes que desembocaron en los desmanes y abusos que aquí se documentan, situación que se repitió a lo largo y ancho del país hasta el 26 de agosto, cuando estos mismos funcionarios, particularmente el general Palomino y el Presidente de la República, reconocieron el uso excesivo de la fuerza contra los manifestantes y solicitaron disculpas ante el país.

II. Violaciones a los derechos humanos, al DIH y al derecho interno

La misión partió desde Bogotá por la vía principal que lleva a Tunja, y obtuvo testimonios, videos, fotografías, audios e incluso evidencias físicas como casquillos de balas de pistola 9 milímetros y fusil, que dan cuenta de la ocurrencia de atropellos desproporcionados y sistemáticos contra los habitantes de Ventaquemada, Tierra Negra, El Carpi, Casa Verde, Alto de El Moral, La Germania, Puente de Boyacá y Tunja. También se logró información confiable de municipios como Tuta, Tibasosa, Duitama, Sogamoso y Ramiriquí.

A partir de la información brindada por víctimas y testigos directos, autoridades civiles como el alcalde de Ventaquemada, Virgilio Farfán, el personero del municipio, Antonio Ruíz, el concejal Luis Alberto Sosa, así como funcionarios de la Fiscalía General de la Nación, la Defensoría del Pueblo, el Hospital San Rafael de Tunja, y líderes campesinos de la región, y a través charlas telefónicas con otros mandatarios locales y habitantes de la región, a los cuales no logramos acceder, la misión humanitaria comprobó la ocurrencia de agresiones sistemáticas y generalizadas no sólo contra quienes participan en el paro agrario sino contra la población civil en general, incluidos niños, niñas y adolescentes, en un intento violento de reprimir la protesta social en el departamento de Boyacá.

La fuerza pública ha atentado contra las libertades civiles reconocidas en la Constitución Política y como consecuencia de su actuación puso en grave riesgo la vida de las personas, lo que conlleva actos contra la dignidad humana, la integridad física y psicológica de los y las manifestantes.

Todo lo anterior puede tipificarse desde el punto de vista del derecho interno como detenciones arbitrarias, amenazas, agresiones sexuales (incluso un empalamiento a un
joven estudiante universitario en el sector de La Germania), torturas, tratos crueles, inhumanos y degradantes, tentativas de homicidio, actos de vandalismo, intimidación e infiltración en las manifestaciones. Dado el carácter sistemático de las actuaciones del ESMAD pueden ser tipificadas también en el Derecho Penal Internacional, para lo cual hay que tener en cuenta el contexto que surge de los numerosos videos y fotografías existentes, que incluso han sido recopilados por la Contraloría General de la República en su sitio Web.

Además de estos hechos tienen pleno conocimiento la Defensoría del Pueblo, la Procuraduría General de la Nación y la Gobernación de Boyacá, pues fueron numerosas las denuncias realizadas por las autoridades locales a esas entidades el pasado 22 de agosto en reunión realizada en Tunja.

Los hechos documentados por la Misión constituyen sin duda, graves violaciones al derecho a la protesta y a la libertad de expresión protegida en los artículos IV de la Declaración y 13 de la Convención Americana y el desconocimiento abierto de lo dispuesto en la Carta Democrática Interamericana que en su artículo 4 establece que “Son componentes fundamentales del ejercicio de la democracia la transparencia de las actividades gubernamentales, la probidad, la responsabilidad de los gobiernos en la gestión pública, el respeto por los derechos sociales y la libertad de expresión y de prensa”. A la vez comporta violaciones al derecho de Asociación contenido en el artículo 22 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, el parágrafo 1, el artículo 11 del Convenio Europeo de Derechos Humanos; la Carta Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos (párr. 1 del artículo 10); el artículo22 de la Declaración Americana; el artículo 16 de la Convención Americana de Derechos Humanos y el artículo 38 y siguientes de la Constitución Política de Colombia.

De igual manera, a la Misión no le cabe duda que en desarrollo del Paro en el Departamento de Boyacá, se han visto afectados gravemente los derechos fundamentales a la vida y la libertad de los manifestantes y pobladores de la región, en contravía de lo dispuesto en los artículos 1, 2 y 11 de la Constitución Nacional, además de las obligaciones adquiridas por el Estado Colombiano, en virtud de lo dispuesto en instrumentos internacionales tales como: el artículo 3 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948; el artículo 1 y 7 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, Pacto de San José , el artículo 9 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos

Finalmente, la Misión concluye que la acción policial en el marco del Paro Agrario de Boyacá ha comportado múltiples violaciones a los derechos a la integridad personal y dignidad humana que se consagran en los artículos 1, 12 y 13 de la Constitución política de Colombia.

De otra parte, culminada la primera Misión de verificación, se considera que la Policía actuó por fuera del marco de sus competencias, adoptando acciones propias de las Fuerzas Armadas al dar una respuesta militar a expresiones eminentemente de la Población civil. La información general y puntual recaudada por la Comisión permite afirmar que a los manifestantes y pobladores del Departamento de Boyacá se les ha dado un tratamiento de “enemigo” y por tanto la acción policial en el marco del Paro Agrario, ha estado encaminada a su “derrota” y no al control y protección, en desarrollo de las protestas.

La arremetida contra civiles en el departamento de Boyacá, que incluyó el uso de armas de fuego contra los manifestantes, constituye además una vulneración a la normativa nacional e internacional sobre el control de multitudes durante protestas.

El reglamentos interno de la Policía para la atención, manejo y control de multitudes expedido en el año 2009 , así como el Código de Conducta para Funcionarios Encargados de hacer cumplir la Ley y los Principios Básicos sobre el Empleo de la Fuerza y el Uso de Armas de Fuego de las Naciones Unidas son claros en el sentido de que el uso de las armas sólo debe darse en caso “estrictamente inevitable para proteger una vida”.

La resolución 03514 de noviembre de 2009, expedida por la Policía Nacional, restringe el uso de las armas durante la represión a la protesta ciudadana, y permite en “escala gradual” el uso de los siguientes elementos: formaciones (con y sin bastón) para el manejo y control de multitudes; utilización de granadas fumígenas (humo), aturdimiento y gas pimienta; uso de tanqueta lanza agua y de personal; cartuchos de gas CS calibre 37 mm; granadas de gas CS de mano; granadas de mano multi-impacto y como última opción “cartuchos de gas de impacto controlado calibre 37 mm y demás recursos autorizados por las normas vigentes”.

A continuación hacemos una relación no taxativa de hechos que, como hemos dicho, son infracciones al derecho interno y al Derecho Internacional de los derechos humanos.

1. Disparos indiscriminados con armas de uso privativo de la fuerza pública contra la población que causaron al menos 5 heridos. El uso de armas reglamentaria para intimidar a los manifestantes en los sectores de Germania, Tierra negra, Altos de El Moral y Puente de Boyacá:

La Misión recolectó una serie de testimonios que da cuenta del uso de armas de fuego por parte del ESMAD contra los manifestantes, causando varios heridos que se encuentran hospitalizados en distintos centros asistenciales de la ciudad de Tunja.

Con el objeto de contrastar esta información, delegados de la Misión se desplazaron hasta el Hospital San Rafael de Tunja constatando que allí fueron trasladados cinco heridos por arma de fuego: Hombre de 27 años con herida en la cara, Hombre de 22 años con herida en pierna izquierda, Hombre de 21 años con herida en pierna derecha, Hombre de 56 años con herida en brazo derecho, Hombre de 35 años con herida en mentón.

Esta información consta además en el comunicado de prensa No. 35 de fecha 27 de agosto de 2013, suscrito por la Gerente del E.S.E San Rafael de Tunja en el que se señala que “de los 53 pacientes totales que han ingresado, 5 de ellos han sido por herida con arma de fuego”

En el mismo comunicado de prensa, el Hospital certifica que el 87% de los pacientes atendidos en el marco del paro agrario son civiles, procedentes en su mayoría de zonas rurales, como Samacá, Ventaquemada, El Alto del Moral y Soracá, lo cual demuestra la veracidad de los testimonios obtenidos por la Misión.

Sumado a ello, la misión recogió casquillos de pistolas 9 milímetros en los sitios en los cuales se reportaron personas heridas con arma de fuego. Igualmente, se obtuvo un casquillo de fusil.

2. Heridos con arma blanca y elementos contundentes

El personero de Ventaquemada, Antonio Ruiz, refirió a múltiples y reiteradas agresiones por parte de la fuerza pública contra los campesinos con elementos contundentes. Señaló, que durante los tres primeros días del paro agrario, su despacho recibió al menos 15 denuncias por los desmanes del ESMAD.

De otra parte, la Comisión recibió el testimonio de un campesino quien manifestó que el martes 20 de agosto se encontraba en la carretera de la vereda Tierra Negra, cuando miembros del Escuadrón Móvil comenzaron a lanzar gases lacrimógenos que le afectaron las vías respiratorias quedando en total estado de indefensión y a punto de perder el conocimiento, momento en el cual varios agentes lo agredieron con un palo, propinándole golpes por todo el cuerpo, pese a que en razón al tratamiento de diálisis que debe recibir, no puede correr ni moverse con brusquedad.

En Tierra Negra, mediante testimonio registrado en video y fotografías un anciano narró a la Misión, que aunque no estaba dentro de la protesta, el ESMAD irrumpió en su lugar de residencia, obligándolo a salir junto con su familia para luego golpearlo en el brazo, espalda y glúteos, exhibiendo evidentes equimosis en su cuerpo. Manifestó igualmente que a su yerno, un soldado profesional discapacitado, en retiro, quien usa prótesis en la pierna derecha, lo golpearon en sus extremidades, estómago y rostro, siendo visibles equimosis alrededor del ojo derecho.

En la misma vereda, se recibió el testimonio de una mujer, que presentaba equimosis e inflamación en uno de sus ojos, quien señaló que ello fue producto de los golpes recibidos de parte de cinco agentes del ESMAD, dentro de su establecimiento de comercio, versión que fue constatada por otros vecinos testigos del hecho.

Otra mujer de Tierra Negra, fue agredida por miembros de la fuerza pública quienes ingresaron a su lugar de residencia y la golpearon fuertemente, debiendo ser atendida en el centro médico donde le cogieron 14 puntos alrededor del ojo.

De igual manera en Tierra Negra, se tomó el testimonio de un hombre adulto golpeado en distintas partes del cuerpo, causándole fractura de su brazo derecho. En su versión, esta persona asegura que fue subido a una patrulla donde permaneció durante al menos 8 horas, junto con otras cinco personas, a quienes la policía maltrataba física y verbalmente y amenazaba con “violarlos”.

La Misión fue informada que en Ramiriquí, la Personería recibió 22 denuncias de desmanes del ESMAD que dan cuenta de graves crímenes contra los habitantes de la región, tales como: a) El ataque con arma de fuego contra varios campesinos en la cabeza, dedos, abdomen y espalda, b) El lanzamiento de gases lacrimógenos al interior de vehículos mientras los y las campesinas consumían sus alimentos; c) La agresión con elementos contundentes contra campesinos en diferentes partes del cuerpo; d) Disparos en el pecho con artefacto desconocido; e) Disparos en la columna vertebral a corta distancia con gases lacrimógenos.

La Delegación recibió la llamada telefónica del alcalde municipal de Tibasosa Carlos Arturo Triana, quien denunció lo ocurrido a un ciudadano quien fue golpeado por miembros del ESMAD en la azotea de su casa e indicó que de hechos similares han sido víctimas otros habitantes del municipio.

En La Germania y Altos de Moral, la Misión conoció hechos de extrema gravedad perpetrados por miembros del ESMAD contra manifestantes y pobladores. El 19 de agosto la panadería y pastelería SABROPAN fue atacada sin explicación alguna por alrededor de 50 agentes, quienes ingresaron a “gasear y golpear y patear” a todos quienes se encontraban en el establecimiento, por espacio de 20 minutos. Los sitios de habitación de los campesinos fueron atacados indiscriminadamente por tierra y aire con gases lacrimógenos, y los pobladores fueron sacados de sus casas para ser golpeados brutalmente. La Delegación conoció la versión de un campesino que señala que el 19 de agosto en La Germania, cuando se encontraba en su residencia fue sacado, sometido a maltrato físico y le fueron hurtados 3 millones de pesos por parte de los policiales. Hechos con similar modus operandi se conocieron en otras veredas y municipios.

Múltiples llamadas se recibieron de ciudadanos de distintos barrios de Tunja, en especial Santa Inés, Libertadores, Florida, Maldonado y de la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Tunja – UPTC, señalando que en especial los jóvenes en el marco de manifestaciones estudiantiles o por fuera de ellas, han sido golpeados violentamente, causándoles lesiones en extremidades y cabeza, varias de ellas de gravedad.

Finalmente, a la cuenta de correo electrónico suministrada por la Misión a la ciudadanía, se recibieron decenas de videos y fotografías que dan cuenta de los ataques irracionales e indiscriminados de los que han sido víctimas pobladores de distintos municipios de Boyacá por parte del ESMAD.

En el comunicado de prensa No. 35 de la gerente del Hospital San Ignacio de Tunja, se reseña que en 8 días de paro agrario, han ingresado 46 civiles de los cuales 9 son menores de edad y 7 mujeres. No obstante lo anterior, para la Misión es claro que la cifra en sí misma no es representativa estadísticamente de la realidad, pues varias de las víctimas directas que nos dieron su testimonio manifestaron no haber recibido ningún tipo de atención médica o haberla recibido en centros asistenciales locales, la mayoría de las veces inadecuada para el tipo de heridas que presentaban.

Para la misión no fue posible verificar el número de pacientes recibidos en otros hospitales y clínicas de Tunja, pues la magnitud y cantidad de testimonios a lo largo de la vía desde Bogotá retrasó nuestra llegada a esa capital.

3. Abuso sexual contra hombres y mujeres por parte de agentes policiales, además de reiteradas amenazas de agredir sexualmente a las mujeres

La misión documentó, mediante el testimonio directo de las personas que auxiliaron a la víctima, un caso de empalamiento cometido por la fuerza pública el 21 de agosto en La Germania. Según los testigos, durante la persecución del ESMAD contra los manifestantes retuvieron a un joven de la zona a quien lo sometieron, lo desnudaron y lo accedieron sexualmente con un bolillo por el recto. El joven fue dejado agonizante, completamente desnudo, dentro de una zanja, donde fue encontrado en las horas de la noche por los campesinos. El joven fue hospitalizado.

Las mujeres manifestaron intimidaciones y amenazas de agresión sexual por los agentes del ESMAD. Asimismo, varios declarantes expresaron que los miembros de la fuerza pública, en total abuso de autoridad y de su condición de hombres, persiguieron niñas, adolescentes y mujeres jóvenes e incluso de la tercera edad con el fin de violentarlas de forma verbal y física.

Este tipo de amenazas han sido igualmente denunciadas por varios campesinos que han permanecido detenidos por varias horas en poder de la Policía quienes afirman que constantemente los uniformados les amenazaban con agredirlos sexualmente.

4. Uso indiscriminado de gases lacrimógenos, gases pimienta, balas de goma, balines y otros elementos de represión, en lo que constituye un abuso de autoridad y un uso excesivo y desproporciona de la fuerza:

A lo largo del recorrido, la Misión recogió múltiples testimonios que demuestran el uso excesivo, desproporcionado y arbitrario de elementos que la fuerza pública, y particularmente el ESMAD, utilizan para “el manejo y control de multitudes”, en abierto incumplimiento de los propios manuales y reglamentos internos de la Policía Nacional sobre la utilización de este tipo de armas no letales:

En La Germania, agentes del ESMAD ingresaron a una vivienda donde habitan una mujer, tres niñas de tres, un año y once meses de edad y dispararon gases lacrimógenos, provocando la asfixia de las niñas, situación que no terminó con la muerte de las menores gracias a la rápida acción de los vecinos, señalan los campesinos.

La Misión conoció que un modus operandi común del ESMAD en varios municipios boyacenses, consistió en lanzar gases lacrimógenos en sitios cerrados, principalmente al interior de las casas ocupadas, de campesinos al margen de las manifestaciones.

De igual manera, se puede identificar como práctica estándar del Escuadrón, en el marco del paro agrario, el hecho de que se dispare de manera directa contra el cuerpo de los manifestantes y otros pobladores los gases lacrimógenos, causando quemaduras y contusiones múltiples, lo cual está expresamente prohibido en la normatividad interna e internacional. En La Germania un campesino fue impactado de manera directa en el pecho, debiendo ser trasladado inmediatamente al Hospital San Ignacio donde hasta el sábado se encontraba con diagnóstico reservado en la Unidad de Cuidados Intensivos.

El sábado 24 de agosto, la Delegación se trasladó al Conjunto Cerrado La Florida de Tunja, donde fue informada que el ESMAD arremetió contra sus residentes, usando gases lacrimógenos y balas de goma que impactaron en varias personas.

La Comisión conoció que al hospital San Rafael de Tunja, ingresó una mujer de 20 años con veintitrés semanas de embarazo quien se encuentra en estado crítico por inhalación de gases lacrimógenos.

5. Torturas y otros tratos crueles, inhumanos y degradantes:

Golpizas brutales indiscriminadas y agresiones sexuales como las documentadas a lo largo de este informe, pueden ser catalogadas como actos de tortura, en la medida que se trata de sufrimientos infligidos a las víctimas como forma de castigo por participar en el paro agrario. De igual manera, el uso de gases lacrimógenos en sitios cerrados ha sido catalogado como tortura en la jurisprudencia internacional. Además, la Misión documentó, entre otros, los siguientes casos:

En Tierra Negra, el ESMAD torturó a una mujer en estado de embarazo, a quien le lesionaron los dedos y la obligaron a abrir la boca para vaciarle el contenido de un spray de gas lacrimógeno.

La Misión pudo percibir el permanente estado de terror y zozobra en que se encontraba la población, lo cual puede configurar actos de tortura sicológica, en razón a los constantes sobrevuelos de la Policía en helicóptero sobre la zona, desde donde muchas veces se lanzaron gases lacrimógenos y granadas de aturdimiento. Este hecho se agudizó con la excesiva militarización y la presencia de tanques de guerra dentro de las concentraciones.

Uso de lenguaje soez, violento e intimidatorio contra los pobladores, lo que generó terror en la comunidad.

6. Ataques contra niños, niñas, adolescentes y jóvenes en condiciones de indefensión

El día 23 de agosto a las 9:30 de la noche en la vereda La Olla de la ciudad de Tunja, un menor de edad fue agredido brutalmente por miembros del ESMAD que le ocasionaron lesiones en el rostro, la mano derecha y el pie, el adolescente se encontraba solo.

Hechos similares fueron documentados en Ventaquemada, Tierra Negra y Puente de Boyacá. En el primer sitio mencionado, la Misión entrevistó a un joven de 16 años, quien señaló que mientras se desplazaba de un sitio a otro, en momentos en que ni siquiera se desarrollaba manifestación alguna, fue golpeado en múltiples oportunidades por cuatro agentes del ESMAD, mientras él se encontraba solo e indefenso.

En Ventaquemada, denunciaron el personero municipal y varios testigos, que un jardín infantil fue atacado con gases lacrimógenos causando caos y afectación respiratoria a 16 niños y niñas entre 3 y 6 años de edad.

En Tunja, la Misión recibió la llamada telefónica de una madre de familia, quien indicó que el día viernes 23 de agosto, su hijo menor de edad, fue golpeado brutalmente por agentes del ESMAD, causándole trauma craneoencefálico y un derrame interno, razón por la que se encuentra hospitalizado en la clínica SALUDCOOP de Tunja, junto con otros dos jóvenes victimizados en similar forma.

También en la capital boyacense, se registró la agresión desmedida del ESMAD contra otro joven de 15 años de edad, a quien le fracturaron varios dedos de su mano, debiendo por ello ser intervenido quirúrgicamente. La información fue trasmitida telefónicamente por su padre, quien señaló que estos hechos ocurrieron el viernes 23 de agosto. Dos casos más de adolecentes gravemente golpeados, fueron documentados en forma directa por la Misión.

En el conjunto residencial La Florida, la Delegación recibió varias denuncias consistentes en que a lo largo del Paro varios jóvenes y niños del sector habían sido golpeados. En particular, el sábado 24 de agosto, recopiló la declaración de un adolescente agredido físicamente por varios miembros del ESMAD quienes además le hurtaron un celular de última tecnología que la víctima había entregado minutos antes a la propietaria de una panadería intimidada y amenazada en el sentido de que debía entregar el elemento so pena de que su negocio fuera destruido.

Los vecinos del conjunto La Florida indicaron que han visto al ESMAD atacar a varios jóvenes y sin embargo no intervienen por temor a ser igualmente agredidos. Esta misma reacción temerosa de los testigos de hechos atroces, se repitió a lo largo del recorrido de la Misión, demostrando el impacto sicológico de la represión policial.

Hechos como los descritos, vulneran los principios de la Convención Internacional de los Derechos del Niño y el artículo 44 de la Constitución Política que establece la primacía de los derechos de los niños, niñas y adolescentes y el deber de protección a éstos por parte del Estado en forma prioritaria, en todo tiempo y lugar

7. Detenciones arbitrarias e ilegales:

Según reporte de la Unidad de Reacción Inmediata (URI) de la Fiscalía General de la Nación en Tunja, en los primeros seis días del paro agrario la Policía intentó la judicialización y legalización de captura de un número aproximado de 30 personas, ninguna de las cuales fue llevada ante juez de garantías por la evidencia de las arbitrariedades cometidas o la falta de pruebas de la flagrancia.

En el barrio La Florida de Tunja, miembros del ESMAD capturaron a un adolescente de 16 años el sábado 24 de agosto hacia las 7:00 pm; no obstante horas después de esta retención la Misión no logró establecer el lugar a donde los agentes lo habrían trasladado dado que hasta cerca de la media noche el joven no había sido presentado ante las autoridades judiciales.

En el mismo sentido, en otros sectores de Tunja como Santa Inés e inmediaciones de la UPTC se registraron detenciones arbitrarias de jóvenes que luego de ser golpeados, eran trasladados a Estaciones de Policía, sin ponerlos a disposición de autoridad judicial alguna, para ser liberados varias horas después.

De acuerdo con la información recibida por la Misión, durante los disturbios fueron detenidas 122 personas en Duitama, de las cuales varias han sufrido agresiones físicas. A la fecha de elaboración de este informe, 30 de ellas habían sido judicializadas.

Las detenciones y judicializaciones registradas por la misión han sido justificadas en la presunta comisión de delitos contenidos en la ley 1453 de 2011, o ley de Seguridad Ciudadana, en particular el de “perturbación en servicio de transporte público, colectivo u oficial” y “obstrucción de vía pública”.

8. Pillaje, Vandalismo, hurto y otras acciones contra los bienes de la población civil:

La Misión recibió información de los siguientes hechos:

• Destrucción de viviendas, ropa, enseres y alimentos de los campesinos, incluidas las ollas comunitarias con las que preparaban sus alimentos los manifestantes.
• Incursiones ilegales a viviendas que incluso se encontraban lejos de los sitios de las movilizaciones, no sólo en la zona rural sino en algunos barrios de Tunja, en inmediaciones de la Universidad Pedagógica y Tecnológica (UPTC), como los barrios Santa Inés y La Florida.
• Heridas y muerte a animales domésticos, que servían para el sustento diario de las familias campesinas.
• Ocupación de viviendas en las que miembros del ESMAD orinaron y defecaron por fuera de los baños, como parte de actos de humillación contra las familias campesinas.
• Hurto de dinero, de equipos de video, celulares, gasolina y otros bienes, según denuncias de la población en Ventaquemada, Tierra Negra, Puente de Boyacá, La Germania y el Alto de El Moral.
• Un funcionario de la Fiscalía en Tunja informó que fue testigo de la invasión y destrucción de casas en el barrio Santa Inés de la capital boyacense, por parte de funcionarios del ESMAD y la SIJIN.
• En Ramiriquí los campesinos denunciaron ante la Personería municipal el robo de celulares, arroz, panela, pasta, papa, pan, sal, salchichón, cebolla y dinero en efectivo, calculados en 800 mil, 100 mil, 470 mil, 130 mil y un millón 800 mil pesos respectivamente.
• La ocupación por parte de la Policía, de la Institución Educativa Panamericano – Escuela Nueva Sede Bolivariana y la Escuela Paloblanco, ubicadas en Puente de Boyacá, al parecer con autorización del rector de las mismas. La Misión encontró en estos lugares, evidencias del almacenamiento de gases lacrimógenos y otro tipo de artefactos no explosivos, etiquetados como pertenecientes al ESMAD del departamento del Cesar. Este hecho coincide con el testimonio de varios declarantes, quienes aseguran que sus agresores tenían acento costeño.

9. Uso de ambulancias para el transporte de personal de la fuerza pública:

Este hecho fue denunciado por los campesinos en diferentes sectores de la vía Bogotá – Tunja, quienes vieron agentes del ESMAD en una ambulancia el día 23 de agosto.

10. Aprovechamiento de la presencia de misiones médicas del CICR para el ingreso de personal de la fuerza de seguridad en una clara violación de las Convenciones de Ginebra que afectan al reglamento de actuación del CICR.

El día 25 de agosto la Misión de Verificación pudo observar cómo una caravana de más de 30 vehículos policiales, entre camiones, camionetas, vehículos que transportaban personal vestido de civil, así como un número no determinado de motocicletas, aprovechó el anuncio de la llegada a la región de un convoy del Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) y la Cruz Roja Colombiana para ingresar a la zona. La Misión expresó su preocupación por este hecho, que esa misma tarde generó un nuevo acto represivo en el sector de Altos de El Moral (el cual fue incluso transmitido en directo por el Canal Cablenoticias) al jefe de la subdelegación Colombia Centro del CICR, Daniel O’Malley, quien manifestó que cuando se enteró de la presencia policial en la zona retrasó su paso por los diferentes sitios para evitar que se identificara a la misión como acompañante o acompañada de la fuerza pública.

11. Operaciones psicológicas por parte del Ejército en el marco de la protesta ciudadana como estrategia de militarización.

Durante el recorrido de la Misión fue posible constatar que personal militar se apostó en zonas estratégicas y de presencia de los manifestantes para expresar su apoyo al paro campesino, y al tiempo realizar campañas psicológicas de control de la población a través de la distribución de panfletos en los que invitan a denunciar infiltrados y terroristas en las movilizaciones, lo que denota la estigmatización del paro agrario y contribuye a la militarización de la sociedad.

El día de 25 de agosto, además la Delegación observó patrullajes de control por parte de miembros del Ejército Nacional en Tunja, el cual se realizó con personal uniformado que se encontraba en vehículos tipo tanqueta.

III. Informe de reuniones institucionales

La misión se reunión con las autoridades locales y regionales, entre ellas, una delegada del gobierno departamental, la secretaria de Gobierno de Tunja y un delegado de la Defensoría del Pueblo, quienes manifestaron su preocupación por las denuncias recibidas de violaciones a los derechos humanos y las directrices nacionales sobre el manejo operativo del paro, que sobrepasan la capacidad de decisión local. De la misma manera manifestaron que hasta la fecha no habían obtenido respuestas de la fuerza pública.

IV. Exigencias

De acuerdo con lo constatado por esta Misión y en consideración al grave contexto en que se han desarrollado las acciones descritas a lo largo de este informe incluso en el nivel nacional, se hace necesaria la adopción de medidas eficaces por parte de distintas entidades estatales y la propia Presidencia de la República, tendientes a garantizar el ejercicio efectivo de los derechos humanos de la ciudadanía en el marco de la protesta social.

Como garantías de no repetición y mecanismos de reparación nos permitimos realizar las siguientes exigencias:

• Solicitamos la disolución del ESMAD por ser incompatible con el Estado de Derecho y la Constitución Política de Colombia.

• Reclamamos la derogación de la Ley 1453 de 2011 o Ley de Seguridad Ciudadana, que ha sido usada para justificar las agresiones mencionadas y reprimir la protesta social.

• Demandamos la destitución inmediata, y en su defecto la renuncia, del general Rodolfo Palomino, director general de la Policía, por su responsabilidad por cadena de mando de las violaciones a los derechos humanos cometidas por sus subordinados en el marco del paro nacional agrario y popular, así como del coronel Luis Eduardo Pérez, director encargado de Seguridad Ciudadana de la Policía, quien tiene bajo su mando el accionar del Escuadrón Móvil Antidisturbios (ESMAD); del comandante operativo de la Policía en el departamento de Boyacá y de sus delegados en los municipios referidos en este informe; al igual que del comandante del ESMAD a nivel nacional; y de todos los agentes y uniformados identificados por las víctimas de las agresiones policiales, los cuales se documentan en el cuadro anexo.

• Recordamos la obligación de los entes de control del Estado, particularmente de la Fiscalía y la Procuraduría General de la Nación de investigar sin dilación alguna y de manera seria y profunda las denuncias de agresiones, desmanes y violaciones a los derechos humanos aquí documentadas, al igual que las denunciadas por la ciudadanía a través de las redes sociales.

• Requerimos que se tracen orientaciones precisas a las oficinas de Control Disciplinario Interno de la Policía y a la justicia castrense para que se abstengan de dar trámite a investigación alguna por estos hechos y, en caso de que éstas ya se encuentren en curso, las remitan de manera inmediata a la Procuraduría General y a la justicia ordinaria, respectivamente.

• Dar las instrucciones necesarias para que se levanten los procedimientos judiciales contra manifestantes.

• Dar instrucciones para que se garantice la protección de los líderes y lideresas del movimiento campesino en Boyacá, quienes se encuentran perseguidos y amenazados.

• Dar instrucciones jurídica y administrativamente eficaces para realizar un inventario que permita promover la restitución de los bienes destruidos, entre los que se encuentran el ganado y cultivos de subsistencia campesina, y reparación de los daños civiles y morales que sean responsabilidad de la fuerza pública.

• Tomar las medidas necesarias para garantizar el tratamiento no discriminatorio del campesinado, reconocer su capacidad para organizarse y plantearse luchas autónomamente sin necesidad de “fuerzas oscuras”.

• Tomar las medidas necesarias para eliminar el discurso racista y de clase en contra de los campesinos pobres por parte de todos los funcionarios públicos.

La Primera Misión de Derechos Humanos estuvo conformada por las siguientes organizaciones:

•    Centro de Atención Psicosocial
•    Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo
•    Comisión de Derechos Humanos del Congreso de los Pueblos
•    Comité Permanente por la Defensa de Derechos Humanos
•    Corporación Social para la Asesoría y Capacitación Comunitaria
•    Corporación Claretiana Norman Pérez Bello
•    Equipo Nizkor
•    Fundación Comité de Solidaridad con los Presos Políticos
•    Movimiento Nacional de Victimas de Crímenes de Estado
•    Observatorio de Derechos Humanos y Violencia Política de Boyacá y Casanare
•    Periodistas independientes

Con el apoyo local de:

•    Fundación de Derechos Humanos del Oriente Colombiano
•    Mesa de Trabajo de Derechos Humanos de Tunja
•    Mesa de Interlocución Agraria (MIA)
•    Fensuagro
•    CPDH Boyacá
•    Corporación Zoscua
•    Fundación San Isidro
•    Red de Derechos Humanos Esperanza

Misión de verificación de DDHH en Boyacá

http://www.movimientodevictimas.org/documentoss/item/3381-primer-informe-de-agresiones-de-la-fuerza-p%C3%BAblica-contra-la-poblaci%C3%B3n-civil-en-el-marco-del-paro-nacional.html

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