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Masacre de Santa Rosa de Osos, ¿qué nos dice del paramilitarismo en Colombia?

“La fuerza pública no hace nada. Si hablas con alguien de las fuerzas militares, ellos le avisan al grupo. Aquí no se puede denunciar nada. Ellos controlan todo lo que se mueve, y la fuerza pública está allí”
(Entrevista de Human Rights Watch con un hombre de la región de Curvaradó, Chocó, 30 de mayo de 2009)

El día 7 de Noviembre la finca La Española, en el corregimiento de San Isidro, en Santa Rosas de Osos (Antioquia), se tiñó de sangre con la cruel masacre de diez campesinos que terminaban su jornada laboral recogiendo tomates. Los campesinos, nueve hombres y una mujer, fueron acribillados y luego se arrojó una granada sobre sus cadáveres aún calientes. La causa de esta atrocidad habría sido su negativa a pagar una vacuna extorsiva al grupo paramilitar “Los Rastrojos”[1]. Este crimen ha causado justa indignación en la opinión pública, más aún cuando el crimen se da en una zona con férrea presencia militar y policial. Nuestras lágrimas y nuestra cólera se unen en un solo clamor justiciero con el de los familiares de las víctimas.

El ministro de defensa Juan Carlos Pinzón no pudo perder la ocasión para tender un manto mistificador en torno a la masacre y hacer, de paso, propaganda político-guerrerista: describió la masacre como “el típico acto de barbarie que no puede tener explicación”[2], para luego agregar que este crimen habría tenido, supuestamente, alguna “relación” con la detención del paramilitar “alias 18”, uno de los jefes de Los Rastrojos[3].

El ministro Pinzón busca deliberadamente confundir a la opinión pública cuando dice que este crimen no puede tener explicación: se sabe que los paramilitares controlan amplios territorios colombianos de la mano con la fuerza pública, quienes o los toleran o los apoyan activamente. Se sabe que el crimen tuvo relación con el costo que la población debe pagar por ese control territorial que ejerce el paramilitarismo. Se sabe que los supuestos “golpes” de la fuerza pública contra el paramilitarismo o bien son fabricados con fines propagandísticos o bien son contados con media mano, cuando alguno de los capos paramilitares se sale del libreto y entra en contradicción con el Estado o con algún cacique local. Sus declaraciones buscan crear confusión en torno a la real naturaleza del problema paramilitar en la Colombia actual y sus vínculos íntimos con un Estado paramilitarizado, que no ha abandonado los mecanismos “duales” (oficiales y paraoficiales) de represión y control.

Así como nos duele esta nueva masacre, creemos necesario en esta ocasión denunciar, una vez más, los mecanismos mediante los cuales la oligarquía colombiana ejerce su poder, uno de los cuales es el paramilitarismo, el cual, como alguna vez dijo el lider paramilitar HH es como la “novia fea”, a la cual de noche acarician y de día le voltean la cara[4].

La Naturaleza del Estado paramilitarizado

Mientras los medios y los representantes del gobierno se niegan a referirse a los paramilitares por su nombre, llamándolos bajo el eufemismo mistifcador “Bacrim” (bandas criminales), la declaración de repudio a la masacre de la Marcha Patriótica, denuncia las fuerzas vivas que alimentan al paramilitarismo actual, cuya naturaleza no es diferente al paramilitarismo de décadas anteriores:

“Ya no es un secreto para el pueblo, a pesar de la distorsión y el falseamiento que de la realidad proyectan diariamente los grandes medios de comunicación, que detrás de las masacres de campesinos como el de Santa Rosa de Osos, el asesinato de líderes reclamantes de tierra, las amenazas de muerte contra los defensores de derechos humanos, líderes estudiantiles, indígenas, etc., están poderosos sectores políticos y económicos dominantes (…) [que buscan] imponer los intereses de un sector terrateniente, ganadero y empresarial ligado a una derecha que ha declarado su abierta oposición al proceso de diálogos por la Paz que se inició”[5].

Lo primero que hay que entender, para comprender el fenómeno del paramilitarismo, es que este fue creado tempranamente por la oligarquía terrateniente y sectores de la clase dominante para reprimir por medios extra oficiales al pueblo cuando se rebelaba para reclamar sus derechos: la génesis de estas bandas paramilitares ya se aprecian durante la represión a las luchas obreras de fines de los ’20 y de las luchas agrarias de los ’30[6]. Hacia 1946, los pájaros, chuladitas y aplanchadores ya habían comenzado su labor de terror en el campo, desplazando y despojando violentamente al campesinado. En los ’60 de formaliza en el marco de las doctrinas de contrainsurgencia y seguridad nacional de los EEUU, en plena cruzada hemisférica contra el “comunismo”. A inicios de los ’80 se da esa alianza macabra entre los terratenientes, el ejército, empresarios exportadores y el narcotráfico que termina generando el paramilitarismo moderno. El paramilitarismo es creación de la oligarquía (tanto de la “respetable” como de la “mafiosa”) y de su Estado.

Lo segundo que se debe tener en consideración, es que el paramilitarismo ha sido necesario para la oligarquía por la naturaleza de la lucha contrainsurgente en Colombia y por la naturaleza de la acumulación capitalista colombiana en el marco del conflicto. El acumulado político-social de la insurgencia, su capacidad de acción y el sostenido respaldo que ha recibido por décadas en amplias zonas rurales del país, forzaron a la oligarquía a utilizar los métodos más macabros para instalar terror, para practicar el genocidio y para quebrar a las organizaciones populares que amenazaban su hegemonía. El paramilitarismo le permitió a la oligarquía realizar actos inconfesables sin tener que manchar sus manos de sangre, externalizando el terror, practicándolo a control remoto, aunque beneficiándose directamente de él. Masacres, vejaciones sexuales, desapariciones, torturas que revuelven el estómago de cualquiera, fueron realizadas por el aparato paramilitar sin manchar (tanto) el buen nombre de la “democracia” colombiana, que se protegía detrás de la noche y niebla mientras alimentó esta formidable maquinaria de muerte. Y la alimentó porque le era de beneficio, no sólo en un sentido político (manteniéndola en el poder mediante el uso de la fuerza bruta), sino también material y económico: el paramilitarismo ha desplazado millones de campesinos, cuyas tierras han ido a parar a manos de terratenientes, ganaderos y multinacionales –sus actuales ocupantes no las adquirieron directamente, sino después de que las tierras cambiaran un par de veces de manos, para así poder posar hoy en día de “ocupantes de buena fe”. El paramilitarismo ha traido “seguridad inversionista”, ha evitado huelgas, ha mantenido a los obreros con salarios miserables, ha impulsado megaproyectos donde la oposición popular parecía no dejarlos pasar, ha impulsado monocultivos agroindustriales como el caucho, la caña, la palma africana.

Por último, es necesario entender también que el paramilitarismo ha sido necesario para que la oligarquía se mantuviera en el poder dada la compleja formación del Estado colombiano, el cual apenas en la década de los ’20 comienza un proceso de centralización burocrático más o menos efectivo, mediante la integración económica y la creación de una infraestructura básica de comunicación al menos entre los principales centros urbanos del país. Hasta el día de hoy Colombia es un país con marcados contrastes regionales en todos los sentidos. La Casa de Nariño ha sido, y sigue siendo, como los palacios de esos reyezuelos medievales cuyo poder en un reino fragmentado solamente podían ejercerlo mediante una compleja y entramada alianza con señores de comarcas lejanas. Eso es lo único que explica el peso que, hasta el día de hoy, han tenido en la política nacional los caciques locales, los terratenientes y otros representantes retardatarios de los poderes locales. La incapacidad de las fuerzas centrales del Estado de enfrentar a una insurgencia que se extendía como reguero de pólvora por las áreas rurales colombianas, llevó a estos caciques a la formación de milicias privadas para cumplir las tareas de represión, control y despojo violento. El paramilitarismo, por consiguiente, es el fruto del ejercicio del poder oligárquico en un país como Colombia, y sus redes de influencia y poder regionales, hacen parte de la compleja telaraña mediante la cual el Estado ha podido ejercer su hegemonía. Por eso, como hemos dicho en ocasiones anteriores, donde “ciertos observadores han equiparado de manera simplista el control paramilitar con la “ausencia del Estado”, es necesario aclarar que el paramilitarismo ha sido la expresión más extendida así como perversa del Estado, con poderes plenipotenciarios y dictatoriales”[7]. Aún a un nivel micro, como es el departamento de Antioquia, los éxitos en términos de “seguridad” de los que alguna vez presumió el gobernador Fajardo, dependieron de la llamada “Donbernabilidad”, es decir, del control mafioso que el paramilitar alias Don Berna ejerció en el departamento.

La Naturaleza Paramilitar de las mal llamadas “Bacrim”

Las mal llamadas “Bacrim” no son otra cosa que las herederas de las AUC. Politiqueros y opinólogos arrepentidos que alguna vez dieron su venia a los “buenos muchachos” de las AUC, dicen hoy que entre las “bandas emergentes” y las AUC hay muchas diferencias, que éstas ya no tienen “ideales contrainsurgentes” como el paramilitarismo de antaño, etc. La verdad es que tales diferencias no existen: ni las AUC eran un grupo de idealistas, sino de hampones a sueldo para hacer el trabajo sucio de la oligarquía, ni los nuevos grupos paramilitares no cumplen funciones contrainsurgentes o de limpieza política –el grueso de sus víctimas siguen siendo campesinos reclamantes de tierra, sindicalistas, líderes de procesos de izquierda. Entre las mal llamadas “Bacrim” y las AUC existe solamente una diferencia y es de tipo organizativo. Mientras las AUC tenían una organización centralizada a nivel nacional, las nuevas bandas paramilitares tienen suficiente coordinación a nivel nacional (como lo demostró el paro armado que realizaron en los departamentos de la costa a comienzos de este año, o como lo demuestra la “limpieza social” que vienen practicando a lo largo y ancho del territorio nacional) pero carecen de un mando unificado a nivel nacional.

Quebrar ese mando nacional pareciera haber sido una intención clave en la ley de Justicia y Paz y el proceso de desmonte de las estructuras centrales de las AUC el 2005. Esto pareciera haber sido así porque los comandantes de las AUC estaban comenzando a acumular demasiado poder y la oligarquía no aceptaría ninguna amenaza en contra de su hegemonía. Una vez dispersado en parte ese enorme poder, al paramilitarismo se le ha permitido seguir prestando sus servicios sin mayores inconvenientes. Por ello es necesario entender que la relación entre el paramilitarismo y el Estado no es mecánica sino simbiótica; que el paramilitarismo, si bien sirve a los intereses del Estado y de la oligarquía enquistada en ese Estado, no está directa y absolutamente supeditado, como dijimos en un artículo previo:

“El vínculo Estado-paramilitarismo (…) tampoco debe verse de una manera excesivamente simplista, como si el paramilitarismo fuera un mero alfil, sin intereses propios (…) Si el Estado los ha armado, tolerado y auxiliado, es porque son funcionales a su estrategia política y su dominio. Pero el paramilitarismo, por su propia naturaleza, goza de una relativa autonomía. Por ponerlo en términos muy sencillos: el paramilitarismo asesina, viola, tortura, desaparece a personas que, por diversas razones, son molestas para el establecimiento. Mantienen el control social mediante el terror. Pero a cambio exige ciertas prebendas. Los paramilitares han gozado de un grado de impunidad enorme gracias al cual han amasado inimaginables fortunas por narcotráfico y aportes económicos de la oligarquía, conseguido (a las buenas o a las malas) las mujeres que han querido, y han sido efectivamente la ley en muchas regiones.

(…) Son delincuentes comunes, mercenarios, al servicio de las grandes fortunas, cuyas motivaciones nunca han sido ideológicas, de cambiar o servir al país (…), sino enriquecerse (…) Estos elementos hacen que, pese a lo necesaria que puedan ser estas fuerzas en un momento dado para el bloque dominante, no sean fuerzas fiables ni disciplinadas, lo que significa que en determinados momentos puedan entrar en contradicciones secundarias (jamás antagónicas) con el régimen (…) Por eso el régimen trata de depender de ellos lo estrictamente necesario, esperando que sea una medida transitoria mientras se soluciona la crisis de hegemonía del bloque dominante. (…) En este proceso de control de los elementos díscolos del paramilitarismo por parte de la misma oligarquía que los alimenta, de control al poder que acumulan en ciertas localidades, de conflicto interno por la hegemonía entre los propios paras, y de conflicto de intereses con elementos de la oligarquía (cuotas, control de actividades económicas lícitas o ilícitas, etc.), es que yacen las causas de las tensiones y roces que están surgiendo entre el aparato paramilitar y el Estado, así como los problemas puntuales que pueda haber habido con un ‘Cuchillo’, con un ‘Don Mario’ o con un ‘Giovanni’.”[8]

La relación sistemática de la Fuerza Pública con el Paramilitarismo

El paramilitarismo puede pasearse como Pedro por su casa y masacrar campesinos inermes en Santa Rosa de Osos, en las mismas narices de la Brigada IV del Ejército, precisamente por ese apoyo que reciben de caciques y de terratenientes, y por la connivencia o la tolerancia de las fuerzas represivas del Estado. Esto fue debidamente denunciado, a su momento por Human Rights Watch, quienes no han ocultado su respaldo al gobierno de Santos, pese a algunas críticas puntuales. En un informe publicado el 2010, titulado “Herederos de los Paramilitares”, en base a una serie de investigaciones en terreno en los departamentos de Nariño, Norte de Santander, Chocó, Antioquia y Meta, denuncian que:

“Una cuestión especialmente preocupante es (…) que en varias regiones sectores de las fuerzas de seguridad se mostraban tolerantes con los grupos sucesores (…) que actualmente cometen en forma habitual ataques contra civiles y crímenes atroces que incluyen masacres, ejecuciones, violaciones sexuales y desplazamientos forzados. [El gobierno] No ha hecho prácticamente nada por investigar ni prevenir posibles vínculos entre los grupos sucesores [ie., paramilitares] y los agentes del estado o las fuerzas de seguridad pública (…) En lugar de ello, el gobierno se ha mostrado renuente a asignar fondos suficientes y a tiempo al Sistema de Alertas Tempranas de la Defensoría del Pueblo, que desempeña un rol fundamental de protección de la población civil, y en ocasiones organismos del estado habrían denegado asistencia a civiles que denunciaban haber sido desplazados por los grupos sucesores.”[9]

El informe insiste en que “en cada una de las regiones que visitó Human Rights Watch, recibió denuncias de que miembros de las fuerzas de seguridad pública u otros agentes del estado toleraban a los grupos sucesores y, en algunos casos, posiblemente actuarían en connivencia con ellos. Pero el gobierno colombiano aún no ha tomado medidas eficaces para investigar tales denuncias”. Es decir, no estamos hablando de casos aislados sino de prácticas sistemáticas del Estado. Entre los varios ejemplos que dan, citaremos tan sólo uno de Belén de Bajirá (Antioquia), en el cual un funcionario da un testimonio de los vínculos entre el ejército y la policía con paramilitares de las “Águilas Negras”: “Es todo muy evidente… La policía controla la entrada y la salida [del pueblo] y… comparten la inteligencia. Los paras controlan el área. Belén de Bajirá es muy importante porque por allí pasa la autopista. También es el lugar donde se concentra el poder económico y político de la región… el manejo del cultivo de palma, la ganadería, la madera”[10].

Desmontar el paramilitarismo, tarea de la lucha popular

El gobierno, después de las lágrimas de cocodrilo de rigor ante este nuevo acto de barbarie paramilitar, se puso a ofrecer recompensas por la captura de los responsables, al más puro estilo “Far West” de la política colombiana. No saben ni pueden hacer otra cosa. Con mucha suerte y si se da la alineación correcta de los astros en el cielo, quizás metan a la cárcel a un par de pendejos que terminarán siendo chivos expiatorios de los pecados del régimen para así aplacar la furia del circo romano que exige que rueden un par de cabezas. Pero el gobierno no puede ni le interesa tomar medidas de fondo contra la estructura profunda del paramilitarismo, enraizada como está en las instituciones y en la estructura económica colombiana. Jamás atacarán la fuente que la alimenta: la oligarquía terrateniente, ganadera, mafiosa y sus aliados entre los cacaos y las multinacionales. No se echarán encima a los caciques locales cuyas redes de poder e influencia son cruciales para la gobernabilidad del Estado paramilitarizado y mafioso. Tampoco renunciarán a esa forma de control territorial que tan buenos dividendos les han dado en el pasado; a lo más lamentarán (y en muy contadas ocasiones podrán castigar) los excesos, pero jamás tomarán medidas de fondo contra el paramilitarismo.

El combate contra el paramilitarismo no pasa por combatir “ciertas” prácticas ilegales de “ciertos” malos funcionarios o de “ciertos” oficiales corruptos. La lucha contra el paramilitarismo es, en realidad, la lucha contra un determinado tipo de Estado y contra un determinado patrón de acumulación capitalista. La lucha contra el paramilitarismo no se ganará ni con las armas de la ley ni con las armas de ningún otro tipo. La lucha contra el paramilitarismo solamente se ganará cuando se le quiebre el espinazo a la oligarquía terrateniente y ganadera, que se alborota con el proceso de paz y que suspira cada vez que Uribe Vélez chilla en pantalla. La mejor arma contra el paramilitarismo es una reforma agraria integral, profunda, de carácter revolucionario que seque las fuentes materiales del paramilitarismo y que dé la tierra a las comunidades que la trabajan. He ahí la importancia crucial que, para el conjunto del pueblo colombiano, tienen las movilizaciones campesinas que nuevamente sacuden a Colombia, así como del primer punto de la agenda de paz que estos días se debatirá en La Habana.

José Antonio Gutiérrez D.
13 de Noviembre, 2012

 

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